Por Jorge González Cortés, Vicepresidente Grupo Gesternova (Contigo Energía) | La transición energética en España ya no es solo una cuestión ambiental: renovables, competitividad y menor dependencia marcan la hoja de ruta hacia una economía más fuerte.
Cuando en España se diseñó el sistema de primas para las energías renovables, a finales de los años 80, la sostenibilidad medioambiental no era tan prioritaria como lo es en la actualidad. Se perseguía, principalmente, reducir la gran dependencia energética de nuestro país, tradicionalmente superior al 70%, generando energía autóctona con fuentes inagotables que, además, tenían la ventaja añadida de ser limpias.
No es que se quisiese otorgar una ventaja competitiva a las renovables, sino equilibrar su coste respecto a las fuentes de energía tradicionales porque estas últimas no internalizaban todos sus costes. La situación respecto a la internalización de costes no ha variado prácticamente, pero las renovables han recorrido con éxito su curva de aprendizaje y hoy son competitivas sin necesidad de incentivos, incluso en un contexto de elevada volatilidad de precios energéticos.
Hablar de sostenibilidad es hablar también de rentabilidad y de eficiencia
Mejorar nuestra productividad, con un menor consumo de energía y de la manera más económica es el trilema que llevamos décadas afrontando y da para muchas discusiones. Este es, para mí, el verdadero sentido de la sostenibilidad, en el que hay que introducir el compromiso medioambiental. Reducir el impacto, no sígnica retroceder en crecimiento o encarecer los costes, significa gestionar correctamente los recursos disponibles para no agotarlos en el futuro.
España ha logrado en los últimos años reducir su dependencia energética por dos vías. Por un lado, gracias al cambio de nuestro mix de generación con una incorporación masiva de renovables al sistema eléctrico, que en 2023 ya superaron el 50% de la producción total de electricidad. Por otro, mediante una reducción del consumo, asociada tanto a mejoras de la eficiencia, como a, de forma preocupante, por la desindustrialización que hemos sufrido en las últimas décadas y que ha tenido un impacto directo en la demanda energética. Y ambos factores deben analizarse con cautela si el objetivo es construir una economía competitiva y sostenible a largo plazo.
Reducir las importaciones de combustibles fósiles y de uranio, así como de las emisiones asociadas, tiene un impacto directo y medible sobre nuestra balanza comercial y sobre nuestro sistema de salud pública.
El efecto estructural de la transición energética
Más allá de los objetivos en materia de cambio climático que se sitúan en un horizonte a más largo plazo, la transición energética contribuye a reducir la exposición a crisis externas y a contener los precios de la electricidad en el mercado mayorista. En el caso español, este efecto es estructural en determinados momentos debido a un sistema eléctrico con una gran capacidad de generación renovable que, por su limitada interconexión con Europa, no puede exportar toda la energía que produce para evitar los vertidos de energía y mejorar la competitividad de nuestros vecinos europeos.
La transición energética es, por tanto, una oportunidad que surge de una necesidad: la de descarbonizar una economía que debe reducir su dependencia energética, sus emisiones de gases contaminantes y el precio de la electricidad, si aspira a desarrollar una industria competitiva. Los conflictos bélicos de los últimos años, como la mayoría de los anteriores, tienen el control de los recursos energéticos, especialmente gas y petróleo, como motivación de fondo. No es necesario un discurso sobre pájaros y flores para percatarse de la relevancia del cambio.
Europa no se debilita por liderar la lucha contra el cambio climático; al contrario, ese liderazgo impulsa innovación, eficiencia y desarrollo tecnológico. Su verdadera debilidad frente a otras potencias radica en que son más competitivas en el uso de la energía. China, por ejemplo, está electrificando su economía a un ritmo vertiginoso para reducir su dependencia y la contaminación en sus ciudades. Y es que no es cierto que Europa esté sola en la lucha contra el cambio climático ni los efectos del cambio climático son abstractos: se manifiestan ya en el sector agrícola, en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y en el aumento de los costes asociados a la inacción.
El capital ha apostado por las renovables con un sentido creciente de la responsabilidad social, pero cada uno de los inversores que, apuesta su dinero, espera un retorno económico a cambio del riesgo que asume, con el añadido de que descarbonizar, genera además un dividendo social: menos emisiones, menor dependencia exterior y un sistema energético más resiliente.
El reto ahora no es decidir si la transición debe producirse, porque ya está en marcha y responde a fundamentos económicos, industriales y geopolíticos claros. El verdadero desafío es cómo gestionarla para que refuerce la competitividad del tejido productivo, permita reindustrializar la economía y aproveche al máximo las ventajas de un país con recursos renovables abundantes. La energía no puede ser un freno, sino una palanca para el desarrollo.
