Laura Martín | 22 de mayo de 2015

Corrupción. Es sin duda la palabra más escuchada desde hace unos años, cada día en las noticias de los periódicos, la radio y la televisión. Un 70% de directivos españoles tratan los sobornos como «prácticas habituales» a la hora de hacer negocios, según un estudio elaborado por la consultora Ernst & Young.

Los directivos son los primeros en dar la voz de alerta sobre las prácticas “poco éticas” en los negocios. En concreto, en España, 7 de cada 10 manifiestan que sobornos y corrupción no solo estarían justificadas, sino que son habituales en el proceder de las empresas. Las cifras duplican incluso a las registradas en la media de los países de Europa Occidental analizados, donde el 35% percibe este modus operandi.

Buscar un camino “más corto” resulta ser en muchas ocasiones la vía elegida por las empresas, en un entorno donde han de abrirse camino en pleno proceso de recuperación económica pero con unos mercados muy volátiles y crecientes requisitos de cumplimiento normativo, transparencia o endurecimiento de sanciones. Los riesgos derivados del fraude y la corrupción pueden, además, ser un freno en la expansión internacional de muchas empresas. Dichos procesos de expansión, unidos a la presión por conseguir nuevas fuentes de ingresos suelen generar nuevos riesgos en esta materia.

Entre otros aspectos, el estudio de EY refleja que ocupamos el puesto 13 de un total de 38 países entre los que en mayor medida sus directivos perciben comportamientos poco éticos en los negocios. Nuestra posición resulta peor parada que la obtenida por Italia, Egipto, Turquía o Rusia. Dentro de este mismo ranking, Croacia se sitúa a la cabeza mientras que Dinamarca, es el país donde sus directivos menos perciben estas prácticas: un 4%.

“Errores” justificables

Un puesto que surge al albur de algunas de las conclusiones reflejadas en el informe. Entre ellas, la de dar por buenos “errores” justificables si estos ayudan a la supervivencia del negocio, como negociar nuevos “descuentos retroactivos” con los proveedores, que aprueba el 36%, o retrasar el pago de facturas, que defiende el 14%. De hecho, un 15% de los encuestados en nuestro país comenta que estas prácticas han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas.

Otra de los “recursos” en entredicho en el mundo de los negocios que no pasa de moda es el de los sobornos. Un 46% de los encuestados en España lo justifica si esto contribuye a la supervivencia del negocio. El 34% opta por obsequiar con regalos personales, un 31% por realizar regalos relacionados con ocio y un 16% se decanta por directamente por el pago en metálico.

El reporte de los resultados empresariales suele ser otro de los objetos de “amaño” habituales en las compañías. Así, más de la mitad de los directivos españoles (56%) perciben que en general las compañías reflejan unas cifras mejores de lo que en realidad resultan ser. La media en el conjunto de los países de Europa Occidental está por debajo de este porcentaje, alcanzando el 33%.

Actividad regulatoria

El informe de EY también pone de manifiesto cómo la actividad regulatoria y los estándares éticos siguen evolucionando en el entorno de los negocios. Y son los propios profesionales los que sacan los colores a la gestión de sus propias empresas. Un 39% se muestra en contra de que la cúpula en España no saque a la luz prácticas “poco éticas” dentro de sus compañías, si bien un 26% está convencido de que los estándares en esta materia han mejorado en los últimos dos años.

Asimismo, el cerco que las instituciones en general y en España en particular están ejerciendo con el incremento regulatorio está teniendo un reflejo positivo. Un 21% piensa que éste ha impactado ya de manera favorable en los resultados de su compañía. Además, según el 42% el incremento de regulación en sus sectores en esta materia considera que es un incentivo para crecer y tener éxito en los negocios.

Castigar y reparar los daños

A pesar de ello, queda camino por recorrer y así lo corroboran los encuestados. Siete de cada diez están convencidos de que las autoridades deben “hacer más”, no solo castigando estos comportamientos, sino también tomando más medidas para recuperar los daños resultantes de los casos de fraude y corrupción. Y para ello, el 58% piensa en medidas de localización y congelación de activos como una forma eficaz de prevenir el fraude o negocios corruptos en el futuro.

“La presión por mejorar los balances de las compañías y, sobre todo, la sensación de impunidad sobre quienes sobornan o cometen un fraude se han convertido en caldo de cultivo para estas prácticas, por otro lado, tan perjudiciales para la competitividad de nuestra economía y para la imagen de marca del país. Sin embargo, a pesar de que hay camino por recorrer, la sociedad condena cada vez más estos comportamientos y las instituciones empiezan a estrechar el círculo a los autores de estas actividades, impulsando una regulación más restrictiva, buscando responsables penales, así como incrementando las sanciones. A pesar de ello, es preciso seguir trabajando en concienciar e impulsar medidas que frenen estos comportamientos”, señala Ricardo Noreña, socio responsable del Área de Forensic de EY.

La prevención, herramienta antifraude

Entre dichas medidas, destacan la existencia de códigos de conducta y el canal de denuncias. Los primeros, en España, aún no están tan generalizados como en otros países. Sólo un 46% manifiesta contar con un documento corporativo anti sobornos y anti corrupción, frente al 59 de media en Europa occidental. Y menos de la mitad tiene claras las penalizaciones derivadas de estas prácticas. Por lo que se refiere a los canales de denuncia, casi 3 de cada 10 dicen no tenerlo en sus empresas en España frente a 1 de cada 10 en Europa occidental.

“Combatir el fraude es responsabilidad en gran medida de todos los actores, incluidas las empresas. Éstas deberían instaurar todas las barreras a su alcance de cara a frenar cualquier comportamiento no ético. Implementar programas antifraude destinados a todos los estratos de las empresas, códigos de conducta y canales para denunciar, así como revisiones obligatorias del cumplimiento de estos programas efectuadas por especialistas en forensic, podrían resultar de gran ayuda en esta labor”, finaliza Ricardo Noreña.

Cabe mencionar en este capítulo la inminente aprobación en nuestro país del Nuevo Código Penal que, entre otras cuestiones, incluye novedades como la aplicación de determinadas exenciones, relacionadas con la implantación de medidas antifraude y anticorrupción, en la responsabilidad de las empresas y de sus dirigentes.