Por Carmen Palomino Pérez, directora General de la Fundación Universidad-Empresa | El Dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral no es un trámite menor ni un debate técnico reservado a especialistas. Es una pieza clave para entender hacia dónde puede evolucionar el sistema de prácticas en España y, sobre todo, qué implicaciones reales puede tener para las empresas que hoy participan —o quieren participar— en la formación del talento joven.
Conviene empezar por aclarar su alcance. El CES es el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Su dictamen es preceptivo, pero no vinculante: no cambia el texto legal ni decide el contenido final. Sin embargo, sí cumple una función estratégica fundamental: ordenar el debate, identificar consensos y advertir de los riesgos de un diseño normativo poco realista. Para quien dirige una compañía, el dictamen no es una conclusión, sino una señal de alerta temprana.
Y la primera señal es clara: existe un consenso amplio sobre la necesidad de regular. Nadie discute que el sistema de prácticas necesita mayor coherencia, estándares de calidad claros y seguridad jurídica. En un país con transiciones educación–empleo especialmente largas y complejas, la formación práctica sigue siendo uno de los principales puentes hacia la empleabilidad y una vía eficaz de captación temprana de talento.
El acuerdo, sin embargo, se rompe en el “cómo”
El propio CES reconoce que no hay consenso sobre el objeto, el ámbito de aplicación ni el régimen sancionador del Anteproyecto. Y ahí es donde se concentran los elementos que deberían preocupar —y ocupar— a los equipos directivos.
Uno de los debates centrales tiene que ver con el perímetro de la norma. El enfoque que subyace en el Anteproyecto parte de una lectura sesgada del sistema de prácticas universitarias, construida sobre la premisa de un supuesto fraude generalizado que no se sostiene en los datos disponibles. Desde esa premisa se opta por limitar la capacidad de las universidades para diseñar sus itinerarios formativos, introduciendo restricciones que afectan directamente al currículo y a la organización de las prácticas académicas. Esta aproximación no responde a una lógica educativa ni de mejora de la calidad, sino a un relato que traslada al ámbito universitario problemas que, cuando existen, se producen en otros espacios ajenos a la formación reglada.
El riesgo aquí no es teórico, sino operativo. Resulta difícilmente justificable, desde un punto de vista formativo, que el legislador intervenga de manera restrictiva en el diseño de los estudios universitarios mientras mantiene intacta la autonomía en ámbitos como la formación profesional, las enseñanzas artísticas o deportivas, o los programas del Sistema Nacional de Empleo. Esta asimetría no obedece a criterios pedagógicos, sino a una lógica política que puede tener un efecto indeseado: reducir la flexibilidad de las universidades para diseñar itinerarios formativos adecuados y, con ello, empeorar la preparación práctica de los estudiantes universitarios. Si el objetivo es mejorar la empleabilidad, el foco debería estar siempre en la calidad de la formación práctica, no en la mera reducción cuantitativa de las prácticas.
El segundo foco crítico es la viabilidad real del sistema para las empresas, en especial para las pymes. El dictamen es explícito al señalar que la Memoria del Anteproyecto carece de datos suficientes para evaluar impacto, costes y capacidad de acogida. Sin ese análisis, el diseño de límites rígidos —ratios, horas, cargas administrativas— se convierte en un ejercicio teórico con consecuencias muy prácticas.
Desde la óptica empresarial, el mensaje es sencillo: si participar en la formación práctica implica un aumento significativo de complejidad, riesgo sancionador e incertidumbre jurídica, muchas compañías optarán por no hacerlo. El resultado no sería una mejora del sistema, sino una reducción de plazas y una mayor dificultad para que los jóvenes accedan a experiencias formativas reales.
Este punto enlaza directamente con el régimen sancionador. El CES advierte, de forma implícita, que un marco excesivamente rígido puede aumentar la conflictividad y tensionar la frontera entre formación y relación laboral. Para las empresas, esto se traduce en un entorno menos predecible, justo lo contrario de lo que debería buscar una norma que pretende aportar seguridad jurídica.
No todo son alertas. El dictamen incorpora también un avance relevante desde una perspectiva empresarial: el reconocimiento del papel de los organismos intermedios como facilitadores del sistema. El CES identifica que, además de empresas y centros educativos, estos actores pueden desempeñar una función clave para reducir cargas, simplificar procedimientos y hacer viable la participación empresarial, especialmente en organizaciones que no cuentan con estructuras internas complejas.
¿Qué viene ahora?
Tras el dictamen del CES, el Gobierno deberá decidir si ajusta el texto antes de aprobarlo como Proyecto de Ley. Pero el verdadero partido se jugará en el Parlamento. Es ahí donde existe margen para introducir realismo, flexibilidad y un enfoque verdaderamente educativo, compatible con la realidad empresarial.
El mensaje para los CEOS es claro: este no es un debate ideológico, es un debate de diseño. La regulación de las prácticas puede convertirse en una palanca para mejorar la empleabilidad, fortalecer la conexión entre educación y empresa y facilitar la captación de talento. O puede derivar en un marco rígido que reduzca oportunidades y desincentive la participación empresarial.
El Dictamen del CES no cierra la discusión, pero ofrece una base sólida para hacerla bien. Aprovecharla o ignorarla marcará la diferencia entre un Estatuto que funcione y uno que, por exceso de rigidez, termine debilitando un sistema que hoy, con todos sus matices, aporta valor a estudiantes, empresas y sociedad.
